120 cm

Tocar es ser tocado. De los recursos con los que intentamos dar sentido a nuestra presencia, al menos en el ámbito de lo primordial, es la piel el órgano a través del cual buscamos dar forma a lo inmediato desde la nuestra. No existe otro espacio así de instrumental dentro de la cuadrícula citadina como la acera; en el cual y desde el cual es posible conjurar la materialidad de la ciudad vivida, vertida alrededor de casi todas las cuadras del casco central de San José (1). A diferencia de los bulevares, en la acera se manifiestan fenómenos más sutiles, efímeros y rotundos. Y aunque el considerar la ciudad como una categoría social es peligroso (2), al menos para este ejercicio de interrogantes, vale la pena trabajar a partir de una metonimia así de íntima.

A pesar de apreciársele por ese intencionado carácter de libre acceso sin permiso expreso o implícito, lo público es probablemente uno de los términos políticamente más difíciles de definir: sobre este concepto se impone el principio mismo de las ciudades, su génesis está en el conflicto, es decir, en el reconocimiento de aquél a partir del constante traslape de funciones: un espacio es público en cuanto es tomado para serlo. No obstante el sentido de apropiación colectivo con el que se les viste a ojos de la ciudadanía, no existe espacio producido que no liste sus quienes en las prácticas y comportamientos que lo delimitan. Aunque en primera instancia estas normas las sospechamos implícitas, en los estados de derecho se encauzan de manera clara bajo códigos constructivos y reglamentos policíacos (porque después de la revolución francesa, las tramas policiales mutaron del cuido al control de su gente).

Reiterando a Mitchell (2003) el espacio no es público, es tomado para ser público y dicha toma es además de semántica, física, porque sobre esa piel el transeúnte reconoce el conflicto, las fricciones que se traslapan constantemente sobre ella, y en dicho tacto practica su ciudadanía: la materialidad de su porosa diversidad, sociedad en práctica imposible de advertir tras un parabrisas.

Con base en los datos aproximados suministrados por el Observatorio Municipal de San José, los cuatro distritos centrales suman un área de 2.2 km2 de aceras contra los 9.5 km2 de área total; el tradicional casco central, de 6.2 km2, contaría con 1.4 km2 de aceras, mientras nuestra zona de estudio de 1.87 km2, con 0.4 km2. (3) Solo esta última podría albergar unas 100 Plazas de la Cultura.

Según el “Informe presentado por la Comisión nombrada por la Junta de Caridad en 1869, para llevar a efecto la construcción de aceras y sembrado de arboledas en la calle que une la Ciudad de San José con el Panteón General, 1874”, 334 metros de acera habrían costado alrededor de 18.5 millones de colones en el 2015, proyecto que bajo la actual reglamentación tendría un costo de 13,5 millones de colones. Sin entrar en detalles sobre tecnología, materias primas ni optimización de procesos, es evidente la merma con el tiempo en los costos de construcción, aunque sus especificaciones técnicas sean más complejas (ley 7600).

Retomando la lógica de espacio de Lefebvre, ¿para qué propósito se construye un espacio de tan grandes dimensiones y tal costo, cuál sería su función productiva, a quién sirve? En los reglamentos de desarrollo urbano del cantón de San José se considera la acera parte del derecho de vía: “el ancho total de la carretera, calle, sendero o servidumbre, esto es, la distancia entre líneas de propiedad incluyendo la calzada, aceras y fajas verdes”. Se asume que su fin principal es posibilitar el tránsito fluido de peatones, de ahí que todas sus regulaciones se justifiquen primordialmente bajo este principio. Se privilegian actividades que contribuyen a la vitalidad económica, definida por la apreciación de la propiedad o retornos tributarios y todo aquello que deba definirse como improductivo, moral o económicamente, es sancionado como una anomalía, es decir, todos aquellos eventos que imposibiliten el tránsito, quebranten conductas como la regla del anonimato civil de Goffman (1980) o propicien al desorden o deterioro de las condiciones de convivencia.

La interpretación de qué resulta sancionable por impropio moral o económicamente, puede degenerar en prácticas de morigeración estructural, en la ejecución del orden bajo excluyentes definiciones morales, una maquinaria de etiquetamiento de grupos sociales y chantajes de género. Siguiendo el concepto de sentido común de Gramsci, todo lo anterior supone la fabricación de reduccionismos ante problemáticas complejas como la inseguridad, la indigencia, y la informalidad laboral y comercial, desde un abanico ideológico sesgado. La práctica libre de ciudadanía que se espera sea facilitada por el espacio público, está finalmente regida por políticas en línea con cierta intelligentisia higienista, homogéneas y coercitivas, que, como analiza Florencia Quesada, a finales del siglo XIX y principios del XX, marcaron un período de segregación y control social en San José, presentando al mundo y cierto sector del imaginario histórico nacional una sesgada imagen de progreso, en la que la propia población era irreconocible.

En primera instancia, lo que categorizamos como incivilidad es parte de una narrativa de riesgo para un gran “todos” ficcional, aquella que se argumenta a partir de la inseguridad percibida en los índices de criminalidad, que invoca no solo a la autorregulación y reclusión activas, el apartheid íntimo que se proyecta sobre grupos humanos estigmatizados como lastres socio-económicos: la niñez, los migrantes, las minorías sexuales, etc. En gran medida, el orden se define como el clamor a no perder estatus (Kefalas, 2003), y para ello, la creación de filtros demográficos simples, que no toman en consideración que la percepción es un producto complejo de experiencias y relaciones individuales, muy a pesar de la pulsión a lo homogéneo de la vida en colectivo.

Quienes toman la portada en el catálogo de anomalías son aquellos en condición de calle, la cual en gran medida es resultado de la insuficiente asistencia institucional a las personas con problemas mentales, en condición de pobreza extrema, adicción, abandono, así como del alto costo de la vida, en particular la renta residencial. Diezmada, por anulación de sus artículos prescriptivos en el año de 1994 por la Sala Constitucional, la Ley de Vagancia tipificaba como delincuentes, en una de sus versiones primordiales, a aquellos que “… sin ejercer oficio ni poseer bienes ni renta alguna, vivan sin que puedan justificar los medios lícitos y honestos de que subsisten”.

Pero “el derecho penal de culpabilidad pretende que la responsabilidad penal –como un todo– esté directamente relacionada con la conducta del sujeto activo; se es responsable por lo que se hizo (por la acción) y no por lo que se es. Sancionar al hombre por lo que es y no por lo que hizo, quiebra el principio fundamental de garantía que debe tener el derecho penal en una democracia. El desconocerle el derecho a cada ser humano de elegir como ser (ateniéndose a las consecuencias legales, por supuesto), y a otros que no pueden elegir el ser como son, es ignorar la realidad social y humana y principios básicos de libertad.” (Sentencia nº 07549 de Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 22 de diciembre de 1994).

Muy a pesar de lo anterior, así como íntima y estructuralmente se insiste en criminalizar la pobreza, en términos de espacio, al habitante de la calle activamente se le resiente su existencia, aunque esta delate un conflicto de alternativas: no se puede negar el espacio público a quien no tiene otra opción. Su visibilidad incomoda, porque pone en evidencia sus carencias, las de quienes los evitan, muy en descrédito de la burbuja del bienestar, y resignifica la acera como un estadio de supervivencia.

Lo que nos lanza a preguntarnos por aquellos que la toman para producir en sabotaje del orden tributario: la informalidad laboral en sus múltiples formas (4), en especial la que hace de la vía pública su tarima y que suele ser la de mayor debate en las líneas de percepción acera. Sólo se requiere hacer una pequeña búsqueda documental sobre calle 8 y los chinamos, y el año 91 inaugura para la historia reciente una pira de conflictos hasta el día de hoy. No obstante el drama, es este quizá uno de los puntos de fricción menos comprendidos a su escala más amplia. Dentro de los principales afectados se encuentran los de menor nivel educativo y aquellos en las bandas etarias entre los 15-24 años y los 60 años en adelante, y con mayor probabilidad, las mujeres. No obstante, lo más sorprendente es la conclusión a la que llegó el investigador Francisco Delgado Jiménez, del Observatorio del Desarrollo y que están cercanamente alineadas con análisis más recientes de la OCDE en particular los que impactan los bajos niveles de inclusión financiera:

Así que no se trata sólo de forzar hacia la formalización ya reglamentada toda actividad de subsistencia, sino de integrarlas de manera viable a las listas de actividades económicas, devolver dignidad a los mínimos y cerrar portillos de abuso, no solo el tributario, también aquellos conexos, como el subempleo y la explotación laboral, el contrabando y otras estructuras de crimen organizado.

¿Y qué hacer? Es fácil conjurar vicios de sistema, enumerar programas y sus resultados como los de los programas de atención de la indigencia y la drogadicción, participación ciudadana, el integral para personas adultas(os) mayores (PRIPAM), gestión de la calidad ambiental cantonal y otros comprometidos con hacer valer derechos humanos con engranajes locales, ¿pero por qué estas múltiples iniciativas focales parecen parches en el fondo de un canasto? ¿Es competencia de los gobiernos locales dar solución a problemáticas tan complejas de articular? ¿Es insuficiente por no llamar fútil el atribuirles la atención paliativa de temas país, el coordinar multi-institucionalmente nichos experimentales sin expandir sobre ellos, sin ampliar su causalidad a los engranajes del gobierno central y la idea nación? ¿No sería entonces más productivo considerar todo lo anterior, no como patologías aisladas con determinismo geográfico, sino como síntomas que se magnifican más por la fricción continua entre tantos actores en un espacio tan limitando como el centro de San José? Aunque tampoco es válido confundirse con los conflictos propios de la proximidad, al menos en términos de informalidad, es evidente que existe un serio problema en la capacidad de garantizar mínimos de calidad de vida por parte de nuestra política económica general y más al raz en nuestra cultura financiera, una tajante discordia entre nuestras aspiraciones de consumo y nuestra real capacidad, manifiesta hasta la base de nuestra canasta básica y punzante en el bienestar social de los más vulnerables (nadie elige tirarse a la calle a morder bolsas de basura).

En pocas cuadras, sobre la dermis propia de esta zona es posible entrar en contacto con una sintomatología en múltiplos de cientos de las formas que adquiere la supervivencia, las razones por las que como especie hacemos toma de un espacio: las inmediatas en consonancia con la necesidad, los ardides de nuestra formación financiera y los hechos-persona que los abordajes duros desestiman, es decir, el día a día tras la barra de una soda en el Mercado de las Carnes, la lógica de preferir una gaseosa antes que una naranja, a qué se expone una persona al esperar un autobús sobre la vía pública, o detalles que delatan valores como la cordialidad de quienes recogen un abrigo caído, regalan sonrisas sin hipocresía o dan las gracias sinceras por nimios favores, y que a pesar de las buenas intenciones comparten asiento con las constantes lacras delatadas en tramas del morbo en tendencia y nuestra bestialidad racista.

Caminar es simple, o así nos parece a la mayoría, pero caminar también es tropezar, es apreciar políticamente la diferencia (Young, 1990), actuar sobre ella, reconocer las posibilidades en lo fatal del juntos, las diferentes temperaturas de esa piel de cemento o granito de las faldas de la Cordillera Volcánica Central. La propuesta es considerar los 120 centímetros de acera como el espacio de oportunidades en la fricción de esa diversidad vivida que la recorre, es decir, construir un mapa social mejor conectado, reconocible, respetuoso y continuo a pesar de su conflictiva variabilidad; admitir que muchas de las formas de sabotaje al estatus no son sublevaciones antojadizas a extirpar, sino en sí recursos de última instancia para suplir los deseos y necesidades que el orden niega a muchos, sea por ser éste complejo, mezquino y excluyente, o porque mucho a lo que aspiramos como orden, realmente merece nuestra renuncia: ver en aquel sabotaje no un crimen, sino quizá una alternativa de mejora.

En la acera todos somos otros y en ello existe un valor: la inadvertida unión en un yo plural, propiciada por contactos efímeros y el riesgo que conllevan, pero con rango de oportunidad para el bienestar en el todos. La piel que todos pisamos a todos nos toca de vuelta; y así como para Aristóteles era evidente que la pérdida del tacto necesariamente involucra la muerte del animal, en nuestro caso, sin piel no hay Chepe.