Tras la pared respira gente

Las anteriores palabras de aliento aparecieron publicadas en enero del año de 1755 a petición del gobernador Tomás López del Corral, como parte del bando con el que se ordenó que dentro de un plazo no mayor a 40 días se poblaran las tierras de la Boca del Monte alrededor de la nueva iglesia de San José (donde se encuentra ubicada hoy la tienda Scaglietti); 18 años después de su fundación y ya resueltos los problemas de abastecimiento de agua, la gente ya visitaba esta iglesia para cumplir con sus obligaciones litúrgicas, pero como se afirmó en un momento (según lo escrito por Cleto González Víquez), a esta gente le parecía ilógico abandonar completamente la inversión hecha en tierras y haciendas, pues prefería vivir en lo suyo en lugar de concentrarse en comunidad para “llevar vida de civilización, en política cristiana”.

Aunque finalmente la villa se pobló y con los años creció en infraestructura y gentes, una pregunta similar, aunque con otro cariz institucional, valdría la pena formularse hoy ante una no tan nueva coyuntura. ¿Qué con Chepe, se fue el agua otra vez?

El centro de San José es una de las zonas de mayor plusvalía del país, en ella se concentran dos de los poderes de la república, además de las sedes de varias instituciones autónomas y del Estado; súmese además que se trata del centro financiero nacional y quizá la zona por metro cuadrado en la que se da la mayor inversión en infraestructura pública. No obstante, según un estudio sobre la variación porcentual de la población en los cuatro distritos centrales de San José, al menos entre el 2000 y 2011, los porcentajes a la baja alcanzan hasta -20,3%.

Muchos de los datos y las interrogantes que a continuación se vierten, son parte de un trabajo de investigación a largo plazo, sobre una zona delimitada dentro de lo que tradicionalmente se conoce como el casco central de San José (1). Aquí, según datos del INEC, residen unas 3285 personas, en unas 1124 viviendas de las que menos de 300 son propiedad de quienes las habitan. Pero estas personas no podrían ser de ninguna manera las responsables de las 9 toneladas que diariamente recogen los trabajadores municipales en cuatro turnos, y menos aún, los únicos beneficiarios de los 60 MVA de carga de las tres subestaciones de 120 MVA que la CNFL tiene dispuestas en las afueras del sector central (2).

Según datos gráficos sobre cantidad de asegurados aproximados –facilitados por la Dirección de Inspección de la CCSS–, en esta delimitación podrían coincidir entre 150 mil y más de medio millón de asegurados, concentrados según su localización patronal como lo muestra la siguiente gráfica:

Es evidente que los máximos se encuentran en las sedes hospitalarias (el Hospital de Niños y el San Juan de Dios) y las sedes del poder Legislativo, Judicial, las oficinas centrales de la CCSS y la banca estatal; no obstante, los rangos medios están dominados por la empresa privada del sector servicios, mercados y grandes almacenes, entremezclados finalmente con los comercios detallistas, entre otros. Aunque no es visible en la anterior imagen, la densidad disminuye hacia la periferia del casco.

En el contexto de los ejercicios de censo, la UNECE (Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas) define a una población como el grupo de personas atribuidas a una entidad geográfica que cumple con criterios determinados en cierto momento. En el caso de estas decenas de miles de personas, una característica común sería su obligación de presentarse a cumplir con sus obligaciones laborales dentro del horario contractual pertinente, lo que quizá no las categoriza como población fija residente, pero sí flotante, pues se ven obligados por la “marea laboral” a vivir periódicamente durante un lapso importante de tiempo en su trabajo.

Aunque variable, la dimensión de esta concentración y, por lo tanto, la vida ciudad de esta población de facto no es marginal (3): cada ciudadano participa y se afecta directamente de las prácticas sociales que en ella se desarrollan. Dinámicas que, aunque no son nuevas, obligan a formularse otro tipo de preguntas, a trabajar este trozo de ciudad a partir de quienes durante un rango de tiempo importante están a merced de sus convenciones, intenciones y orden. Porque los espacios no son inocentes, los producidos por el ser humano conllevan siempre una intención en sí productiva y por lo tanto suscriben para su uso reglas en su forma y uso: así como una palabra no es el objeto que señala, sino una abstracción que intenta colectivamente señalarlo, darle forma, un espacio es morfología social, como afirma Lefebvre (4), es decir, propicia relaciones sociales y supedita lo que se produce en él.

Lo común al elaborar diagnósticos es hacer hincapié en la eficiencia de procesos, sin tomar en cuenta el peligro al que se expone al individuo cuando su discusión reduce sus tensiones a tráficos anónimos de masas. Así, una consecuencia vital es la desaparición de sus actores de ciertas celdas estadísticas y la negación de su influencia política; en nuestro caso, están quedando fuera de consideración casi medio millón de personas. ¿Habría que plantearse la participación de estas personas en procesos organizados para la toma de decisiones, al menos dentro de las etapas de planificación de proyectos que puedan afectarles?

Lo importante es comprobar que como cantón y en parte como zona, San José es el eje nómada más importante del país, es decir, que existe una población en múltiplos mayor a sus residentes que hace vida socioeconómica, casi a diario, y no parece ser considerada en términos de estabilidad en los planes urbanos.

Por lo anterior y tomando en cuenta no solo la menor capacidad de los estados para resolver cada vez más y variados problemas, pero aprovechando su guía técnica y regencia ejecutiva, sería de provecho considerar la implementación de modelos de planificación participativa (Altman y Rogoff 1987, Whyte, 1991) que permitan, además de la resolución de contradicciones con decisiones compartidas, evitar la repetición de políticas homogéneas y coercitivas, que, como analiza Florencia Quesada (5), a finales del siglo XIX y principios del XX, marcaron un período de segregación y control social en San José, presentando al mundo y cierto sector del imaginario histórico nacional una sesgada imagen de progreso.

En esta línea es bueno aclarar que, al menos a nivel local, aunque la Municipalidad de San José ha tenido un papel rector desde los años noventa del siglo anterior en el ordenamiento y desarrollo del cantón, “las estrategias para lograr grandes cambios urbanísticos no pueden construirse desde una municipalidad, aunque esta sea la capitalina, porque casi todos los elementos estructurales de la urbe (vialidad, transporte, vivienda, servicios de agua y electricidad, lo mismo que el 98% de los recursos públicos del país) están en manos de las instituciones centrales.” (Klotchkov, 2013)

Considérese lo siguiente: además de los rangos de población por cuadra, en la gráfica también se encuentran marcados los puntos de monitoreo de calidad de aire, los cuales son competencia del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Municipalidad de San José, con la colaboración técnica del Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional. Uno de ellos, el que se encuentra en la esquina noreste del Hospital San Juan de Dios, desde el inicio del programa de monitoreo ha sido el que ha recogido las concentraciones anuales más altas de partículas de NO2, siempre por encima de los límites recomendados por la OMS (6).

Es evidente que los agentes involucrados en un aspecto de un solo punto en el mapa son muchos, su coordinación compleja (diversidad reglamentaria, desconfianza interinstitucional), pero el compartir la responsabilidad de planificar, el vincular activamente a grandes grupos plurales, a quienes viven el impacto de cada circunstancia particular, más allá de aligerar los procesos técnicos, daría claridad a cada institución sobre su rol en el tablero, sobre las expectativas y el seguimiento de los programas que se propongan. Ello, además, debería aprovecharse para iniciar con la identificación de los factores de calidad ambiental percibida (cómo vive la gente el espacio, qué hacen a la hora del almuerzo, adónde van al baño, si se enferma qué hacen, qué les ocurre al convivir con otros en el espacio público por excelencia: la acera), en fin, hablar con la gente, con quienes hacen ciudad en todos sus niveles, para así construir un mapa más humano, uno que se aleje de la madeja citadina y permita evitar que una solución agrave otro conflicto antes insospechado. Eso sí, la participación debe delimitarse y no confundirse con procesos de consulta que, aunque importantes, no acortan las distancias entre pobladores, la vida política y las instituciones.

Crudamente antes de pensar en un repoblamiento cimentado en ampliar la vida residencial, lo que requeriría en primera instancia un cambio en la titulación de los suelos (64% se encuentra certificado para uso comercial exclusivo), ¿por qué no trabajar en la gestión positiva de los indicadores de calidad ambiental de esta población que ya existe, y luego tentarlos a su permanencia residencial? Abogar por una transformación topológica gestando espacios que provoquen al menos afinidad a quedarse un rato (Felonneau, 2004), el salir de la oficina a la hora de almuerzo y darse una vuelta, garantizar su seguridad e integridad física dentro los límites razonables y éticos. Aspirar a un verdadero uso mixto que incite contactos diversos, la gestación de múltiples lazos débiles (Granovetter, 1973), tomando siempre en cuenta en dicha discusión principios de justicia ambiental, es decir, atender la accesibilidad a espacios quizá limitados por percepciones de carácter socioeconómico, de género o etario (7) y frenar este injustificable proceso de urbanicidio.

Por iniciativa privada y pública se continúa invirtiendo en la mejora y ampliación de servicios, lo cual tampoco es nuevo, pero ocurre en paralelo con el abandono de sectores como la avenida quinta. Para encausar mejor estos emprendimientos, identificar oportunidades comunes, ¿por qué no aprovechar las nuevas tecnologías de información y trabajar desde el sector privado, el Servicio Civil y las instituciones autónomas (en nuestra zona se identifican al menos 68 sedes de instituciones públicas, centrales y anexas) en consultas primordiales, que asistan al gobierno local para idear y coordinar una estrategia de participación desde el conocimiento de sus pobladores como agentes políticos y no solo como pasivos usuarios? A pesar de los instrumentos de denuncia, reportes y cabildeo, desarrollar herramientas de planificación participativa más productivas, más vinculantes, porque a pesar de cierta línea de desconocimiento muy diseminada, el centro no está muerto.

Aunque a veces se va el agua, ya no es necesario lanzar amenazas para hacer bajar de la montaña a contadores, comerciantes, estudiantes, artesanos, ingenieros, administradores ni gerentes; su congregación en el centro se da a diario, por incentivos diversos. Más allá de la responsabilidad con la memoria nación, como proyecto y oportunidad metonímica, este trozo de país podría ser el ensayo de la urbanidad focal costarricense, regenerado en un lugar de convivencia residencial y comercial; es decir, un espacio heterogéneo abierto, inquieto, que propicie relaciones sociales, arraigo, siempre a sabiendas de su personalidad efímera no por fatal, sino por su constante reformulación: la ciudad como práctica líquida, de variables reconocibles, manejables, aunque variables al fin.